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Periódico ABC

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  1. Un juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (EE.UU.) declaró hoy inocente a un hombre acusado de intentos de asesinato y de robo que pasó los últimos 20 años en la cárcel de manera equivocada. Así lo aseguró hoy el Proyecto para los Inocentes (LPI) de la Universidad de Loyola en Los Ángeles, una iniciativa dedicada a lograr la excarcelación de presos condenados por error y que en esta ocasión trabajó para conseguir la liberación de Marco Contreras. Este latino de 41 años fue condenado en 1997 por intentos de robo y de asesinato tras un tiroteo sucedido en 1996 en una gasolinera de Compton, un barrio situado en el sur de Los Ángeles conocido por ser uno de los más conflictivos de la ciudad californiana. Contreras fue sentenciado a cadena perpetua por aquel asalto pese a que siempre defendió su inocencia. «He sido paciente y he estado esperando este día», dijo hoy Contreras a las puertas de la corte, junto a su madre y otros miembros de su familia tras quedar en libertad. El juez William Ryan determinó la semana pasada que, a la luz de los hechos y las nuevas pruebas presentadas, Contreras es inocente, una decisión con la que coincidió la Fiscalía y que se hizo efectiva hoy con la liberación del latino. En su lugar, el pasado jueves se presentaron cargos por el mismo caso contra Antonio Salgado, de 41 años; Antonio García, de 61, y Ricardo Valencia, de 46. Los abogados defensores aseguraron que un testigo identificó de manera equivocada a Contreras como el asaltante de la gasolinera, cuando en realidad este se encontraba durmiendo en su casa, informó hoy el periódico Los Ángeles Times. En 2012, los abogados y voluntarios del LPI comenzaron a trabajar en el caso y encontraron nuevas pruebas como un sorprendente parecido físico entre Contreras y Salgado, una de las personas que se sentará ahora en el banquillo como acusada. Este material fue trasladado a la unidad de revisión de la Fiscalía para que reabriera la investigación de lo sucedido, lo que finalmente llevó a la absolución de Contreras.
  2. El Presupuesto es como la lista de la compra de una Nación, aunque aquí, la Nación, al no tener representación política, pinte poco. Hasta el Boletín Oficial es del Estado, cuando se supone que las leyes las hace la Nación, no Mariano. Mariano es uno de esos estadistas sin alma que pueden hablar de las dificultades de un presupuesto sin derramar lágrimas. Cuando arrancó la Santa Transición, la deuda española era del 7 por ciento del PIB. Hoy andamos por el 100, lo que supone que hemos fundido la visa. ¿En qué? Según Jeromín, el holandés que preside el Eurogrupo, «en copas y mujeres», sin lo cual no hay niños, y sin niños, tampoco hay pensiones. Además, el tontín de Jeromín no sabe que el gasto, según los antropólogos, libera soberanía: gastando, uno deja de ser esclavo y accede, en lo que dura el crédito, a la posición de señor. Como María Cospedal en el Pentágono, ofreciendo a Mattis subir los gastos de Defensa hasta el 2 por ciento comprometido. Quienes no tenemos soldados, ponemos leuros. Lo bueno de estar en la Otan es esta «redención en metálico». Francia no está y Macron promete la vuelta al servicio militar obligatorio. ¡De De Gaulle a Macron! Del militar nacionalista al maniquí socialdemócrata. «No soy ni de derechas ni de izquierdas», dice Macron. O sea, el «establishment», que, como su propio nombre indica, siempre es de derechas. «El chico de Rothschild», dice Marine Le Pen a Macron, como aquí Rosa Díez dice «El chico del Ibex» a Rivera. ¡De Franco a Rivera! A Rivera, otro maniquí, para ser Macron, sólo le faltó casarse con la señora Díez, generación y media mayor que él, como madame Trogneux. Y mañana los ingleses, que eran contribuyentes netos, solicitarán la baja en ese Casino Alemán que es la UE dirigido por frau Merkel, pronto asistida por madame Trogneux. En resumen: más impuestos, pero a varias velocidades, con Donald Tusk de hombre del frac. El «síndrome del Mezzogiorno», lo llama la Friedrich Ebert. Ignacio Ruiz Quintano
  3. La campaña electoral del PP de Valencia de 2007 se llevó a cabo sin límite de gasto ni presupuesto puesto que se iban aprobando ampliaciones «siempre que pudiesen ser beneficiosas para la campaña». Se trata del testimonio de algunos ejecutivos de Laterne Product Council (LPC), la empresa de comunicación contratada para estas elecciones, que constan en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado que instruye la subpieza relativa a las aportaciones encubiertas que habrían realizado empresas, fundaciones y asociaciones a la firma para sufragar los comicios. El coste oficial de los gastos electorales era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los tres millones de euros (superando, si se demuestra, veinte veces lo establecido). Uno de los responsables de cuentas de la firma sostiene que la previsión de gastos para la campaña «estaría entre 1 millón y 2 millones de euros». Sobre el documento del coste electoral de campaña donde consta una facturación por importe de 2,5 millones, el ejecutivo asegura en su declaración que esos gastos, que reconoce como ejecutados, le parecen «coherentes», aunque desconocía las supuestas donaciones por parte de las entidades investigadas. Las sospechas se centran en la Fundación Turismo Valencia, Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo pudieron haberse hecho cargo de las deudas del partido con Laterne. Las investigaciones también se dirigen a las empresas Lubasa, Nou Litoral, FCC, Sociedad Agricultores de la Vega, Contratas Prieto, Construcciones Nagres, Secopsa, Balestesa Valencia, PKL Real Estate, Urbana Ducat, Pavasal, BSB Publicidad, Marina Clara, Xilxes Golf Resort, Construcciones Luján, Prodese Edival, Agora Patrimonial, Edificaciones Prieto, Inmotec, Rover Alcisa o Aprico, muchas de ellas adjudicatarias del consistorio valenciano. En cuanto al contrato de 150.000 euros manifiesta que le «extraña», ya que un año antes de las elecciones ya se mantenían reuniones en las que se hablaba sobre el presupuesto, «que ya en esas fechas rondaba el millón de euros». El ejecutivo no recuerda ninguna relación de servicios con las empresas que supuestamente realizaron las aportaciones, aunque sí admite que se produjeron reuniones con Secopsa, Pavasal, Sav y Lubasa para construir la filial de Laterne Product Management Council (PMC) y dedicarse a hacer varios proyectos de promoción de la ciudad que «normalmente implicaban algún trabajo de construcción». Este testimonio se complementa con el de otra ejecutiva de la empresa, quien afirma que para la contratación de publicidad en medios de comunicación ella era conocedora de que tenían un presupuesto de un millón de euros, aunque no contaba con acceso directo a los documentos de contabilidad de gastos. También mantiene que «se superó ese límite» de dinero porque «hubo presión en los últimos momentos de la campaña, pareciendo que no querían escatimar en medios a fin de ganar». Otros han relatado que en algunos eventos concretos se contó incluso con el apoyo de Orange Market (empresa cuyos principales responsables han sido condenados en el caso Gürtel). Una de las situaciones más llamativas es la de un fotógrafo autónomo que fue contratado por Laterne en 2007 para actos relacionados con la campaña del PP y que testificó que parte de su trabajo se le pagó directamente en la sede del PP de València en metálico y sin IVA sacando el dinero de una «caja de caudales» del Ayuntamiento. Facturas falsas Más allá de haber superado el techo de gasto, los trabajadores de Laterne dejan otras declaraciones de interés ante la Guardia Civil. Una de ellas es la de la exresponsable de administración y personal, quien apunta que emitió una factura al PP nacional, con sede en Génova, por 20.000 euros en concepto de trabajos relacionados con la citada campaña. Esta empleada explica que fue su superior Jesús Gordillo (exasesor de Grau) quien dio indicaciones para suprimir las referencias al PP o la campaña en facturas giradas a proveedores, con los cuales hubo problemas para pagarles. La contabilidad de Laterne recoge también movimientos como ingresos en efectivo de 400.000 euros entre el 17 y el 30 de abril y pagos por 319.503 euros entre el 30 de abril y el 5 de mayo. Una cantidad que para la directora financiera de la empresa es «totalmente atípica» porque la caja se utiliza para afrontar pequeñas cantidades.
  4. «El comandante de la Guardia Civil miró a los ojos a Francisco Múgica Garmendia. “¿Qué, te sientes más hombre por haber ordenado matar niños?”, le preguntó esperando una respuesta. El criminal etarra más buscado en Francia bajó los ojos y se limitó a contestar con un lacónico “no sé”. El individuo que tenía a su espalda, acusado de haber ordenado a los comandos terroristas que llevasen a cabo cientos de asesinatos, carecía en ese momento del valor necesario para afrontar la situación. No sabía decir más que “no sé”. ¿Cómo era posible que en las cartas que dirigía a los comandos les incitase de aquel modo a luchar hasta la muerte siendo tan poquita cosa en sí mismo? Perplejo, el comandante salió de la sala sin dignarse siquiera a dirigirle una mirada de desprecio». Así relataban los periodistas de ABC Javier Pagola, Dolores Martínez y Jesús María Zuloaga en su libro «El azote de ETA» los acontecimientos posteriores a la caída de la cúpula de ETA en un caserío de Bidart. Desde muchas horas antes, sesenta agentes de la Policía Judicial francesa, acompañados por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, rodeaban la villa Etxe Maitia (casa querida) en Bidart, una localidad gala cercana a Biarritz situada a 20 kilómetros de la frontera entre España y Francia. Era el 29 de marzo de 1992, hace hoy 25 años, y España vivía con angustia los zarpazos del terrorismo y la posibilidad de que la banda sembrase el terror en acontecimientos claves para España como eran los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Francisco Múgica Garmendia, Pakito, Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José Arregui Erostarbe, Fitipaldi, formaban la cúpula de la banda, el colectivo «Artapalo». Txelis era el ideólogo político y Fitipaldi el fabricante de explosivos, el jefe de logística. Pakito, el jefe militar, daba las órdenes de asesinar. Bajo su mando, desde el 11 de enero de 1989, se perpetraron atentados como el de la plaza de la Cruz Verde de Madrid, y asesinatos como el de la fiscal Carmen Tagle. Más de cien personas asesinadas. El golpe más duro El 30 de marzo, el periódico ABC titulaba en sus páginas interiores con «Cayó el enemigo público número uno» y comenzaba la crónica destacando que la Operación Cantábrico -fue el nombre que se le dio entonces, aunque en realidad era la operación Broma-Queso- era el «golpe más duro» de la historia para la banda.En su portada, «Éxito del Gobierno: Artapalo, detenido: ETA, decapitada». Desde el comienzo del operativo, el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, estuvo al tanto del mismo, y se desplazó a San Sebastián para seguir de cerca las incidencias. Roldán, a su vez, avisó por teléfono a José Luis Corcuera, ministro del Interior. La vivienda había sido descubierta como lugar de reunión de la cúpula etarra desde hacía varias semanas. Aunque los detenidos tuvieron tiempo de llegar a la habitación habilitada para destruir pruebas, se pudo recuperar muchos documentos importantes para las investigaciones abiertas sobre la banda terrorista. A juicio del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, «esa caída fue muy importante». «Yo en aquel momento trabajaba en la Dirección General de la Guardia Civil. Llévabamos la seguridad de la Expo 92 y de las Olimpiadas. Fue un alivio», narra Sánchez. Entramado de los comandos El presidente de la AVT no solo destaca el éxito de las detenciones, sino «la importante labor de incautación de documentos, que permitió unir hilos en las investigaciones, poner nombres y apellidos a los atentados y, algo muy relevante, conocer cómo funcionaba el entramado de comandos de la organización». Para Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), «fue la alegría que se experimenta con una victoria, porque cuaquier descabezamiento de ETA es una victoria, pero si hablamos de la cúpula, es mucho mayor. No voy a negar lo que lógicamente se piensa: ¿por qué no se desarticuló antes del atentado en el que murió mi hermano? Pero aun así fue una gran noticia», destaca Ordóñez. Veinticinco años después, la banda ha prometido de nuevo el desarme total. Sánchez está «orgulloso de que la Guardia Civil no haya bajado la guardia», mientras que Ordóñez espera a que «se le dé la estocada final».
  5. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asiste hoy y mañana en Malta al congreso del PP europeo junto a otra docena de jefes de estado y de gobierno europeos, que analizarán juntos los primeros compases tras la petición formal de Reino Unido de abandonar la UE. La carta de la premier británica, Theresa May, solicitando la activación del proceso de desanexión conocido como Brexit, marcará la cita de los partidos conservadores europeos, que buscarán una posición común ante la negociación que ahora se abre con Londres. Previsiblemente, Rajoy será uno de los primeros dirigentes del viejo continente que se pronuncie en público tras la comunicación oficial de Londres para iniciar el proceso de ruptura tras 44 años de comunión europea. Lo hará este mediodía tras mantener en La Valeta un encuentro bilateral con el primer ministro de Malta y presidente de turno del Consejo de la UE, Joseph Muscat. El presidente español, que a primeros de febrero se entrevistó con May en esta misma isla del Mediterráneo y excolonia británica, se ha mostrado partidario de que el Brexit sea un proceso rápido y constructivo, lo menos gravoso posible para los intereses de los españoles en el Reino Unido y también para la colonia de británicos que reside en España. El contencioso de Gibraltar estará presente en la mesa de negociación con Londres. La posición del Ejecutivo español sigue siendo que si el Reino Unido abandona el mercado único europeo, los gibraltareños tendrán que abandonarlo también, salvo que acepten la propuesta española de cosoberanía. Pese a los nubarrones del Brexit y también la incertidumbre en Europa ante la nueva administración de Donald Trump, los 27 países de la Unión, ya sin Reino Unido, aprobaron el viernes pasado una declaración en Roma para rearmar su compromiso con la integración europea. Un proyecto que seguirá avanzando con impulso de los países a dos velocidades, según ratificaron los líderes reunidos en la capital italiana para celebrar los 60 años de historia en común, y en el que España desea ponerse a la cabeza. Al cónclave del PP europeo en Malta acuden, además de Rajoy, otros jefes de gobierno como la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro húngaro, Victor Orbán; el primer ministro irlandés, Enda Kenny; el presidente rumano Klaus Johannis; y el presidente chipriota, Nicos Anastasiades. También estarán los responsables de las principales instituciones comunitarias, todos de la familia popular europea: el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el líder del Consejo Europeo, Donald Tusk, así como el del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Representantes de 79 partidos conservadores de 41 países están citados en Malta, donde acuden a este congreso del PPE, que no renovará a sus líderes o candidatos, aunque «calentará motorores» con vistas a las elecciones europeas de 2019, según anunció esta semana el secretario general de los populares europeos, Antonio López Istúriz. Más de 2.500 participantes debatirán sobre múltiples cuestiones que irán desde la política de inmigración o seguridad y defensa común a la económica pasando por la situación en países como Siria, Libia o Cuba u otras cuestiones como la agricultura inteligente o internet en las zonas rurales. Serán muchos los debates, con diecisiete resoluciones sobre la mesa, aunque no cabe duda de que la principal atención de todos en estas próximas horas la atrae el inicio del Brexit.
  6. En la lucha internacional contra el terrorismo la conciencia global ha ido adquiriendo progresivamente una disposición clara sobre los alcances de la plaga, los instrumentos para luchar contra ella, la cooperación transfronteriza o los controles financieros sobre sus promotores. Una de las más recientes adquisiciones es precisamente aquella que intenta atajar el nacimiento de la hidra en su forma más molecular: la que se enfrenta contra las campañas de justificación, alabanza, incitación o apología del terrorismo, sabiendo por experiencia que es en ese terreno donde se malforman conciencias, se pervierten hábitos y se condicionan conductas. Tanto las Naciones Unidas en varias resoluciones del Consejo de Seguridad como el Consejo de Europa en las suyas ha reclamado de los Estados la existencia de una legislación que ponga coto a esas derivas proto criminales, de las que tantas y tan perversas muestras sigue hoy teniendo todo el mundo, sea cual sea la exposición a las actividades asesinas de los terroristas. Ambas organizaciones han tenido sin embargo buen cuidado en subrayar la necesidad de que esa normativa contemple con claridad su objeto, sin empañar la correcta aplicación del principio universal de la libertad de expresión. Eso es lo que hace la legislación penal española, atenta a cortar de raíz y penar adecuadamente las manifestaciones metaterroristas sin por ello afectar al núcleo duro de nuestras libertades. Y eso es lo que pretende sospechosamente abolir la proposición de Podemos, el movimiento populista español, con su nada inocente intención de suprimir el artículo 578 del Código Penal vigente. Y de paso enterrar las disposiciones que en el mismo Código castigan la utilización de insultos o injurias. No hace falta ir lejos en la indagación clásica del “quid prodest” para averiguar a quien se pretende beneficiar con tales ideas. Da vergüenza explicitarlo pero queda meridianamente claro: a los terroristas, a los que comparten sus fines y a los que tienen el insulto por preferida arma dialéctica. Menudas alforjas.
  7. La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, no tuvo ayer más remedio que reconocer el plagio de varios párrafos de un artículo periodístico dentro de la proposición no de ley sobre libertad de expresión que su formación registró este lunes por la formación. En rueda de prensa en el Congreso, calificó este corta y pega como un «incidente desafortunado» y descargó de culpa a los diputados que firman el texto, Sara Carreño y Eduardo Santos, asegurando que la PNL en realidad es «obra de una jurista que forma parte de nuestro grupo de trabajo». Según explicó Montero el texto copiado formaba parte de la documentación y «se coló» por error en la redacción final, a pesar de que los párrafos plagiados no son correlativos dentro del artículo periodístico sino que se encuentran repartidos en tres puntos distintos del mismo. También señaló que la formación «ha hablado» con la jurista que forma parte del equipo para evitar que se vuelvan a repetir episodios como éste. El plagio realizado no recibió ayer el visto bueno de los portavoces del resto de partidos. Desde el PP, Rafael Hernando señaló que este proceder revela «poco talento e imaginación» mientras que su homólogo en el PSOE, Antonio Hernando, lo consideró propio de «muy poca capacidad de elaboración». «Cada uno que lo juzgue como considere», remachó. Antes de este reconocimiento público de Montero, las confluencias de Podemos se resistían a dar crédito al uso de estos métodos por parte de sus compañeros de partido. «No creo que Podemos haya hecho corta y pega», señaló el portavoz de En Comù Podem, Xavier Domènech, a los medios de comunicación negándose a realizar cualquier valoración. También le costó creerlo al socio habitual de Podemos en el Congreso, ERC. «No creo que los compañeros de Podemos lo hayan hecho», sostuvo Joan Tardà negando que su grupo realice este tipo de prácticas en su labor parlamentaria. No obstante, en el último momento le entró la duda e intentó exculpar a la formación morada asegurando que «si lo han hecho, habrá sido un desliz y podemos considerarlo un pecado venial». Sin embargo, no es la primera vez que Podemos plagia a periodistas para realizar su trabajo en el Congreso de los Diputados. En una reciente sesión de control al Gobierno, el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, lanzó al presidente del Gobierno una pregunta que era copia literal de otra planteada por el periodista Jordi Évole a Mariano Rajoy el pasado abril, según desveló El Periódico de Cataluña. El interrogante era, «¿con cuántos casos aislados la corrupción deja de ser aislada?». El plagio se extendió también en el desarrollo de su argumentación, donde el líder de la formación morada pudo sobre la mesa echó la misma retahíla de escándalos de corrupción que Évole utilizó en su entrevista. Pero, además de las formas utilizadas, la proposición no de ley de Podemos fue rechazada ayer por PP y PSOE por el contenido de la misma. En concreto, la petición de supresión del artículo que castiga los delitos por enaltecimiento del terrorismo. Ambos grupos adelantaron ayer que votaran en contra de la aprobación del texto de manera que será rechazado por la Comisión de Justicia. Tal es así que el portavoz popular llegó a acusar a Podemos de «desvergüenza» y «desfachatez» por presentar esta iniciativa, y le pidió que reflexionara y la retirara. Ademas, señaló la «relación extraña» que Iglesias mantiene con la violencia «cuando son sus amigos los que usan violencia contra los demás». Por su parte, el portavoz socialista advirtió que no es momento de suprimir el citado artículo «cuando el terrorismo sigue azotando a las sociedades europeas» y calificó la propuesta de la formación morada de «absolutamente imprudente». Montero aclaró que su grupo considera que el delito de enaltecimiento del terrorismo sí debe perseguirse pero argumentó que no es necesario que esté especificado en el Código Penal ya que existen otras herramientas que permiten esa condena.
  8. A corto plazo, la irrupción de Susana Díaz en la batalla por el liderazgo del PSOE y su probable victoria en las primarias supone un bálsamo para las aspiraciones de Mariano Rajoy de mantenerse en el poder una Legislatura casi completa mientras la Economía y el Empleo mejoran sustancialmente antes de convocar unas nuevas elecciones. A ella le interesa tomarse su tiempo para apaciguar al partido y asentarse como líder nacional. Este es el análisis que se hace en Moncloa, donde consideran un plus para los intereses generales del país que el PSOE esté en manos de una persona que tenga muy claro el concepto de la unidad de España, sea capaz de llegar a consensos sobre los grandes asuntos de Estado, levante una barrera eficaz para detener el avance de Podemos y en lo personal mantenga la capacidad de dialogar con el presidente del Gobierno; cuatro condiciones para las que ha demostrado ser un negado su principal adversario en las primarias, Pedro Sánchez. El análisis se hace en privado. La postura oficial del Gobierno es la de neutralidad absoluta en los asuntos internos del PSOE. A medio y largo plazo, sin embargo, ya se levantan voces entre miembros del Gobierno y de la dirección del PP que alertan del peligro de dar cuerda a la cometa de una política joven, con ambición y capacidad para comunicar que puede aprovechar la amabilidad de Rajoy hacia ella para combatir duramente a su partido mientras se dedica a liderar una renovación generacional del socialismo de cara a las próximas elecciones generales, en las que será candidata. Y, además, mujer, un factor que le añade un plus. Tampoco beneficia para nada el salto a Madrid de Susana al PP andaluz, que ha soñado hasta el último momento con la posibilidad de que su presidenta perdiera el AVE y se quedara, achicharrada, en Sevilla. Se quedará, hasta que haya elecciones allí o en Madrid. Además, crecida. De nada vale que los populares le estén exigiendo que dimita de presidenta cuando obtenga el sillón de Ferraz. Como si Rajoy y María Dolores de Cospedal no compaginaran partido y Gobierno. Curri Valenzuela
  9. Las tropas iraquíes se adentran en la Ciudad Vieja de Mosul y cada vez parece más próxima la caída de la capital del califato en Irak. Las fuerzas especiales ya atisban la mezquita Al Nuri, en la que el califa Ibrahim proclamó el califato en el verano de 2015, pero este avance tiene un enorme coste para la población civil, utilizada como escudo humano por los yihadistas y víctima del fuego amigo de los aviones de la coalición. En el primer mes desde el inicio de la ofensiva final, al menos 307 civiles han muerto y otros 273 han resultado heridos, según las cifras ofrecidas por el Alto Comisario de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, quien pidió a la coalición "revisar urgentemente sus tácticas con el fin de garantizar que el impacto sobre los civiles sea reducido al mínimo absoluto". A diferencia de lo ocurrido en otras ciudades como Ramadi o Faluya, cuando Irak lanzó en octubre la ofensiva sobre Mosul las autoridades no pidieron a la población que dejara sus casas para evitar un desplazamiento masivo de más de un millón de personas. En enero concluyó la operación en el este de la ciudad, un mes más tarde se lanzó la fase final para expulsar al grupo yihadista Daesh del oeste y ahora se combate en una Ciudad vieja en la que permanecen unos 400.000 vecinos, según datos de Naciones Unidas. Amnistía Internacional denunció que las fuerzas bajo mando del Gobierno iraquí han matado en ataques aéreos a "cientos de civiles" que se quedaron en sus hogares siguiendo el consejo de las autoridades, que les pidieron que no intentaran huir. AI recogió el testimonio de varios supervivientes y testigos y subrayó que “el alarmante aumento de las bajas civiles tanto por ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos como por los combates terrestres entre las Fuerzas Armadas iraquíes y los milicianos de Estado Islámico en los últimos meses han suscitado graves cuestionamientos sobre la legalidad de estos ataques". Investigación abierta La denuncia de AI coincidió con la decisión de Estados Unidos de enviar a un equipo para investigar sobre el terreno la autoría del ataque que tuvo lugar el día 17 contra un edificio del barrio de Al Jadida, donde pudieron morir cerca de 200 personas. El general estadounidense, Mark Milley, aseguró que “es posible que la coalición realizara ese ataque aéreo. No lo sabemos aún” y destacó la importancia de esclarecer si el ataque fue provocado por los milicianos de Daesh. Los seguidores del califa recurren a la estrategia de “usar a niños, mujeres y hombres para protegerse a sí mismos de los ataques” lo que viola los "estándares más básicos de la dignidad y la moral humana" y “equivale a un crimen de guerra”, denunció Zeid Ra'ad Al Husein. La oficina del Alto Comisario para los Derechos Humanos acusó a los yihadistas de obligar a entrar a los civiles en el edificio de Al Jadida para blindar a sus francotiradores y de colocar bombas trampa para que nadie escapara. Una semana después se repitió un caso parecido en el barrio de Rjam Radid, donde el EI volvió a protegerse entre decenas de civiles en una vivienda. El jefe de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, Joseph Votel, calificó de "terrible tragedia" la muerte de civiles y el Pentágono anunció el análisis de más de 700 vídeos para intentar aclarar lo ocurrido en Al Jadida y Rjam Radid. Desde el comienzo de la ofensiva en octubre la fuerte presencia de civiles ha sido una de las mayores preocupaciones para el Gobierno de Bagdad y sus aliados internacionales y algunas voces críticas en el parlamento iraquí ya han pedido la suspensión de la ofensiva hasta que se pueda garantizar la seguridad de los civiles.
  10. Turquía fue una vez un país en el que las manifestaciones y las protestas callejeras eran casi tan habituales como las cinco llamadas diarias al rezo. Los tiempos han cambiado y en la actualidad se necesitan fechas señaladas como el día internacional de la mujer o el Newroz, el año nuevo kurdo, para que se produzcan concentraciones masivas en contra del Gobierno. Las purgas masivas, así como la polarización y violencia en las que está sumido el país, obligan a los ciudadanos a buscar nuevas formas de protesta. Una parece ser la preferida. Hasta 64 prisioneros de cuatro cárceles repartidas por toda la geografía turca llevan en huelga de hambre al menos 21 días, según ha informado la Asociación de los Derechos Humanos (IHD, por sus siglas en turco) en rueda de prensa. Se trata de presos condenados por pertenencia al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) o al PAJK (la rama iraní de la organización), organizaciones catalogadas como terroristas por Turquía. 33 de los encarcelados, incluidas cinco mujeres del Hospital Sakran, llevan 42 días de huelga; 16 de la cárcel de Edirne suman 32; ocho de la prisión de Van han llegado a la jornada número 21; y siete prisioneras del penal de la localidad de Sincan dejaron de comer hace 34 días. Mine Nazari, de la IHD, ha explicado que los presos llevan a cabo las huelgas de hambre en turnos rotarios o de forma permanente. Y en cuanto a sus demandas, ha señalado, son tres: el fin de los toques de queda militares y «la destrucción» en las poblaciones kurdas del sudeste del país, el cambio del «mal comportamiento» contra los internos y la eliminación del régimen de aislamiento en el que se mantiene encarcelado a Abdullah Ocalan, el cofundador del PKK, arrestado en 1999. También los funcionarios No obstante, las huelgas de hambre no solo se realizan detrás de los barrotes. Esta estrategia también está siendo utilizada por algunos de los cerca de 130.000 funcionarios que han sido despedidos o suspendidos de empleo tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio. La académica Nuriye Gülmen y el maestro de primaria Semih Ozakça son dos de ellos. Ambos comenzaron una protesta hace 140 días en una plaza de la capital Ankara para, al mismo tiempo, denunciar las purgas masivas promovidas por el presidente Recep Tayyip Erdogan y recuperar sus puestos de trabajo. Ante la falta de reacción de las autoridades, Gülmen y Ozakça decidieron dar un paso más y hoy ya han cumplido su vigésimo día de huelga de hambre indefinida. A pesar de las dificultades, como las repetidas veces en que han sido detenidos brevemente, estos dos antiguos empleados públicos prometen continuar con su protesta hasta conseguir sus objetivos.